LA PARADOJA MIGRATORIA EN MÉXICO: ENTRE CONTROL, DESIGUALDAD Y OPORTUNIDAD DE CAMBIO

 Presentan: 

 

Chamu Diaz Diana Paula

Giral Islas Jatziry

González Rodríguez Tessa Victoria

Peralta Carrera Karen Abigail

 

  Abstract

 

Este análisis examina las políticas migratorias de México, destacando su carácter contradictorio y ambivalente, en el contexto de su relación con Estados Unidos y los países centroamericanos. Se argumenta que México ha adoptado un modelo de control fronterizo basado en un doble discurso que prioriza intereses estratégicos, económicos y políticos, en lugar de promover una gestión justa y solidaria de la migración. La política migratoria mexicana refleja prácticas de exclusión, racismo estructural y clasismo que afectan especialmente a los migrantes vulnerables, perpetuando la precarización y la desigualdad. Aunque México se presenta como un país que busca estabilidad y cooperación internacional, en la práctica refuerza su papel como muro migratorio, alineándose con los intereses de Estados Unidos y adoptando medidas restrictivas. Se propone la necesidad de una profunda revisión de estas políticas, que pase de la lógica de control a una de protección y derechos humanos, promoviendo una integración regional más justa y solidaria.

Palabras clave: Migración, desigualdad, racismo, exclusión, etc. 

 

 Introducción

En un mundo globalizado donde las movilidades humanas constituyen un fenómeno constante y complejo, la migración ha dejado de ser simplemente un movimiento de personas para convertirse en un reflejo de las dinámicas políticas, económicas y sociales de las naciones. En este contexto, México ocupa una posición estratégica y, al mismo tiempo, ambivalente: es tanto un país de origen, tránsito y destino para millones de migrantes, en su mayoría centroamericanos y caribeños, como un actor que fija límites y controla flujos migratorios en función de intereses políticos, especialmente alineándose con la política de Estados Unidos.

La historia de miles de migrantes que atraviesan México revela una realidad singular: más que un país hospitalario, México se configura como un filtro estratégico, donde las decisiones gubernamentales duplican los discursos institucionales. La política migratoria mexicana, lejos de ser un acto de inclusión o protección a los derechos humanos, se ha consolidado como un mecanismo de control y exclusión, guiado por intereses geopolíticos que priorizan la relación con Estados Unidos por encima del bienestar de los migrantes.

La tesis que sostenemos y defendemos en esta opinión es que la política migratoria de México responde prácticamente a un doble discurso: por un lado, se presenta como un país que promueve los derechos y la integración de los migrantes, pero, por otro, implementa medidas y políticas que favorecen la restricción, la discriminación y la vulneración de derechos, en función de intereses estratégicos y de control internacional. Esta estrategia, que combina permisividad y represión, no solo evidencia un enfoque dividido y ambiguo, sino que también revela una gestión migratoria que, en realidad, prioriza los intereses políticos y económicos por encima del compromiso humanitario. De esta manera, México se posiciona como un actor que, en lugar de promover la inclusión y la protección de sus migrantes, continúa consolidándose como un filtro que reproduce estructuras de exclusión y discriminación, en un escenario donde la migración sigue siendo, ante todo, una cuestión de poder y soberanía.

 Desarrollo

México, ha combinado prácticas de permisividad con otras de represión, dependiendo de los intereses políticos y económicos en juego. De acuerdo con lo mencionado, esta estrategia no surge de una negligencia aleatoria, sino que responde a un diseño consciente que busca equilibrar las presiones internacionales y las necesidades internas. 

México, que ha firmado diversos acuerdos con Estados Unidos, ha reforzado sus controles fronterizos con el objetivo explícito de reducir el flujo migratorio hacia el norte, en función de mantener una relación diplomática estable y aprovechar la cooperación económica. Sin embargo, esta postura también evidencia un sistema que opera bajo un doble discurso, donde por un lado se permiten ciertas entradas y por otro se restringe severamente a quienes son considerados una carga social o una amenaza. La gestión migratoria no se presenta como un mecanismo de protección, sino como una estrategia de control geopolítico que favorece los intereses de Estados Unidos y refuerza la posición de México como un país que administra los flujos migratorios en función de sus beneficios y presiones internacionales.

Nota: adaptada de “Boletín de estadísticas migratorias para México”, 2024 de OIM.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la cantidad de eventos de entrada y las acciones de control implementadas por las autoridades mexicanas. En los primeros meses de 2023, se registraron más de 600 mil eventos de entrada, el número de eventos de personas en situación irregular, reportan en el primer trimestre del 2024, es el más alto de la historia a partir de la segunda mitad del 2023, se ha observado un incremento sustancial en el número de eventos de personas en situación migratoria irregular duplicándose la cifra de eventos entre el segundo y tercer trimestre del año, muchos de los cuales desembocaron en deportaciones, retenes y centros de detención que evidencian un enfoque de contención y restricción. 

Esta política, lejos de ser un acto de protección humanitaria, refleja una gestión que prioriza la seguridad y la estabilidad política sobre los derechos de los migrantes, particularmente los centroamericanos. La "negligencia benevolente" se entiende entonces como una estrategia que, aunque permite cierta movilidad, la somete a condiciones restrictivas y precarias, especialmente para los migrantes en situación irregular, volcados hacia el trabajo informal y vulnerables a la explotación laboral.

México se autodefine, en muchos aspectos, como un país más desarrollado y estable en comparación con sus vecinos del sur. Esta autopercepción alimenta una actitud de superioridad, una forma de racismo estructural que relaciona la pobreza y la precariedad con perfiles racializados. La discriminación no solo se expresa en actitudes culturales o sociales, sino también en la formulación de políticas que privilegian a ciertos migrantes y excluyen a otros. La asociación de migrantes con la amenaza para la seguridad pública, que justifica medidas restrictivas y la negación de derechos sociales, se sustenta en un imaginario nacional construido desde discursos oficiales que exaltan la cultura y los valores nacionales, pero que, en la práctica, fomentan la exclusión y la desigualdad. La referencia a Benedict Anderson y su concepto de la nación como comunidad imaginada ayuda a comprender cómo estos discursos históricos y culturales consolidan un sentido de pertenencia selectivo que excluye a quienes no cumplen con la imagen deseada de la nación.

Por otro lado, la legislación y las reformas en materia migratoria, si bien parecen mostrar avances en algunos aspectos, la flexibilización en algunos ámbitos no ha sido suficiente para garantizar una integración efectiva, sino que ha agravado su exclusión del sector formal y ha incrementado su dependencia del sector informal, donde la explotación laboral es más frecuente. La falta de regulaciones efectivas y la política centrada en el control han incrementado la vulnerabilidad de los migrantes, que en su mayoría provienen de países con condiciones socioeconómicas precarias. La precariedad laboral, la negativa de acceso a derechos sociales y la dificultad para regularizarse son resultado de un sistema que prioriza la contención a la inclusión, creando una especie de paradoja donde México, siendo un país con una larga historia de migración interna, perpetúa una política que niega derechos a quienes más lo necesitan.

Por último, debemos considerar que la desigualdad no solo se refleja en los derechos y condiciones laborales, sino también en la percepción social y cultural. La discriminación por apariencia, cultura o modo de hablar, vinculada con prejuicios raciales y clasistas, profundiza la marginación de los migrantes centroamericanos. La racialización de la pobreza, que asigna características negativas a ciertos perfiles migratorios por su origen étnico, refuerza la percepción de amenaza y justifica medidas restrictivas. Esto revela cómo las desigualdades estructurales, en conjunto con discursos oficiales y culturales, refuerzan una política migratoria que favorece la exclusión y la discriminación en lugar de promover la igualdad y los derechos humanos básicos.  

Conclusiones

Las conclusiones que emergen del análisis de la política migratoria de México revelan la complejidad y las contradicciones que caracterizan su gestión de los flujos poblacionales, principalmente en relación con sus vecinos, Estados Unidos y los países centroamericanos. La tesis central que se puede reafirmar es que México no ha desarrollado una política migratoria justa y solidaria, sino que ha optado por un modelo de doble discurso que prioriza sus intereses estratégicos, económicos y políticos, a costa de marginar a los migrantes más vulnerables y de perpetuar su imagen como un país de tránsito y control más que de protección y derechos humanos.

Desde una perspectiva histórica y geopolítica, México ha construido su papel de “puerta de doble batiente”, una metáfora que refleja su capacidad de abrir y cerrar la frontera según le conviene, dependiendo de las presiones externas e internas. Si bien formalmente se presenta como un país que debe gestionar riesgos y evitar flujos indeseables, en realidad su política responde a un juego de equilibrio con Estados Unidos, en el que la alianza y la subordinación a los intereses estadounidenses prevalecen sobre una verdadera solidaridad con sus vecinos centroamericanos. 

La estrategia del control migratorio, reforzada por acuerdos bilaterales y políticas restrictivas, refleja un interés por mantener la estabilidad interna y la legitimidad internacional, pero a costa de la vulnerabilidad, precarización y exclusión de los migrantes, especialmente aquellos provenientes de países con condiciones socioeconómicas severas.

Asimismo, la gestión migratoria de México demuestra que la «negligencia benevolente» es estructural y responde a un diseño estatal que prioriza el control y la externalización de riesgos, más que la integración y protección de los migrantes. La desigualdad, el racismo y el clasismo, aún arraigados en la sociedad mexicana, refuerzan una lógica de exclusión que se manifiesta en la discriminación por origen, color de piel y condición social, consolidando una visión si no de superioridad, sí de marginación hacia los migrantes y racializados.

La explotación laboral y la vulnerabilidad de los migrantes, en particular de los centroamericanos, constituyen también una expresión de esta política ambivalente, que permite que México se beneficie económicamente de la mano de obra barata, sin asumir responsabilidades éticas o de protección social. La insuficiencia de reformas legislativas, sumada a la falta de voluntad política concreta, perpetúa un ciclo de precariedad y desigualdad que requiere urgentemente una revisión y transformación.

Frente a estos hechos, surge la interrogante sobre cómo México puede romper con estos patrones de doble discurso y avanzar hacia una política migratoria que realmente garantice derechos humanos, justicia social y solidaridad regional. ¿Será posible que el país abandone su lógica de subordinación y privilegie una postura más ética y responsable, alineada con los principios internacionales de protección a migrantes? ¿Qué papel pueden jugar la sociedad civil, los organismos internacionales y los propios migrantes en la construcción de un modelo más justo?

Es imprescindible que las autoridades mexicanas reconsideren su estrategia y establezcan políticas que prioricen la inclusión y la protección, reconociendo a los migrantes como actores merecedores de derechos y no solo como elementos de control o de carga social. La comunidad internacional también tiene una responsabilidad compartida en promover un marco que fomente la cooperación regional y que atienda las causas estructurales que originan el éxodo forzado.

La política migratoria de México debe llegar a ser un instrumento de respeto a los derechos humanos y de integración regional, dejando atrás los discursos de exclusión que solo fortalecen las desigualdades. 

De esta forma es que se llega a la pregunta que queda en el aire es si, como país con una rica historia multicultural y como actor regional, México será capaz de asumir este desafío y liderar una transformación que beneficie a todos los actores involucrados, en especial a los migrantes más vulnerables. 

   Referencias:

Anderson, B. (1993): Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México. Fondo de Cultura Económica.

De Gobernación, S. (s. f.). Durante enero – noviembre de 2023 se registraron

600    mil    eventos    de    entrada    a    México. Gob.mx.

https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-enero-noviembre-de-2023-seregistraron-600-mil-eventos-de-entrada-a-mexico  

Valencia, I. (2024). Discriminados, seis de cada diez migrantes en albergues - Gaceta UNAM. Gaceta UNAM.

https://www.gaceta.unam.mx/discriminados-seis-de-cada-diez-migrantes-enalbergues/  

Vézina, C. (2022). La migración como objeto de estudio. En Migración: México-Estados Unidos (1.a ed., pp. 32-62). Fondo de Cultura Económica. México.