Presentan:
Carbajal González Madelyn Naomi
Davila Torres Anette
Martínez Santiago Adara
Vargas Hernandez Berenice
INTRODUCCIÓN
La migración tiene impactos sociales significativos en países del Caribe como Honduras, Nicaragua, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití y Venezuela. Estos efectos pueden ser tanto positivos como negativos y dependen del tipo de migración, emigración o inmigración. Cuando pensamos en estos países imaginamos playas, música y alegría, sin embargo, detrás de esa imagen vibrante y colorida existe una historia marcada por luchas, desigualdades y crisis. En muchos países caribeños, la vida cotidiana está atravesada por problemas como la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia y, en algunos casos, desastres naturales. Países como Honduras, Nicaragua, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití y Venezuela han experimentado, en diferentes momentos, olas migratorias marcadas por la búsqueda de mejores condiciones de vida, sueños, seguridad y oportunidades laborales, las crisis económicas aumentadas por factores como la deuda externa, el desempleo, la inflación, el cambio climático y la inestabilidad política han actuado como fuerzas impulsoras clave para la migración de miles de latinos.
En muchos casos, estas crisis no solo han debilitado los sistemas económicos nacionales, sino que también han afectado seriamente el tejido social, provocando desigualdades, deterioro en los servicios públicos y un aumento en la dependencia de las remesas. Este informe propone analizar el impacto social de la migración y las crisis económicas en cinco países de América Latina, los anteriormente mencionados, desde una perspectiva crítica, histórica y contemporánea decidimos que, en nuestro informe iniciaremos por enfocarnos en los impactos que tiene cada país por separado, ubicando los datos en gráficas y en base a la información, poder realizar una conclusión un poco más exacta, después de seleccionar dicha información.
DESARROLLO
Hablar de migración en América Latina y el Caribe es hablar de un fenómeno humano profundamente complejo, históricamente condicionado y socialmente urgente. Los documentos analizados en este proyecto, nos invitan a dejar de mirar la migración como un problema y comenzar a comprenderla como una consecuencia directa de las desigualdades estructurales, la violencia, la pobreza, la corrupción, el abandono estatal y, en muchos casos, de la desesperanza. La migración es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que han empujado a millones de personas a dejar sus hogares. Y más importante aún, nos muestran que los Estados, especialmente el mexicano, tienen una gran responsabilidad en garantizar que esos procesos migratorios se den con dignidad, protección y justicia, en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, los factores que impulsan la migración son evidentes y dolorosos: violencia, pobreza, desempleo, gobiernos ineficientes, corrupción estructural, crisis humanitarias.
En Honduras, por ejemplo, el documento recuerda que, aunque el PIB creció un 3.6% en 2024, las remesas representan más del 25.6% del PIB nacional, es decir, el país depende económicamente de quienes han tenido que abandonarlo. En 2024, se registraron más de 369,000 migrantes irregulares cruzando Honduras, y el 25.8% eran menores de edad. Esto muestra claramente que no estamos ante un fenómeno voluntario o esporádico, sino ante una huida masiva de quienes no ven futuro en su país.
En Nicaragua, la historia es aún más contundente. Entre 1978 y 1979 se registró una huida de capitales de USD 500 millones, además de daños directos de la guerra por USD 250 millones, según la CEPAL. El colapso del modelo agroexportador, la caída del sector industrial en un 46%, y la imposibilidad de estabilizar la economía han dejado un país frágil, con una población que migra en silencio, sin visibilidad ni apoyo internacional suficiente.
Guatemala no se queda atrás. Más del 18% de su población vive en Estados Unidos, y las remesas alcanzaron USD 21,510 millones en 2024, lo que representa casi el 20% de su PIB. Estos datos reflejan que una parte significativa de la economía guatemalteca depende directamente del trabajo migrante en el extranjero. Esto, en lugar de fortalecer el país, perpetúa su dependencia externa y debilita su tejido social interno. Por su parte, El Salvador, tras una guerra civil que dejó más de 75,000 muertos, sigue arrastrando desigualdades profundas. Aunque se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992 y se adoptó el dólar como moneda oficial en 2001, la migración no cesó. La violencia, el desempleo y la falta de oportunidades han llevado a miles a buscar una vida más segura en el norte, sostenidos por remesas y empleo informal.
México tiene una posición única en el contexto migratorio regional: es país de origen, tránsito, destino y retorno. Esto lo coloca en el centro de las discusiones migratorias, tanto por razones humanitarias como por presión geopolítica, especialmente de Estados Unidos.
Las cifras hablan por sí solas: la COMAR recibió 3,424 solicitudes de refugio en 2015, 8,796 en 2016, y 10,262 hasta septiembre de 2017. Sin embargo, los reconocimientos de condición de refugiado fueron muy inferiores: apenas 951 en 2015, 3,223 en 2016, y 1,357 hasta septiembre de 2017. Es evidente que el sistema mexicano no está preparado para responder de manera suficiente, rápida ni digna al volumen de personas que lo necesitan.
Además, el papel del Estado mexicano ha sido contradictorio. En muchas ocasiones, según informes de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, las violaciones a los derechos humanos no provienen de grupos criminales, sino del propio Estado: detenciones arbitrarias, trato cruel, negación de servicios básicos, e incluso deportaciones ilegales. A esto se suma la militarización de la frontera sur y el uso de la Guardia Nacional para contener flujos migratorios, un acto que responde más a las presiones de EE. UU. que a la protección humanitaria, así la migración deja de ser vista como una oportunidad o como una crisis humanitaria, y pasa a considerarse un asunto de seguridad nacional. Esto deshumaniza, justifica la violencia y fortalece políticas de exclusión.
CONCLUSIÓN
La migración en América Latina y el Caribe es la consecuencia de estructuras históricas de injusticia, y México como actor clave en este escenario, tiene una gran responsabilidad puede elegir entre seguir reprimiendo, conteniendo, ignorando o criminalizando, o puede optar por proteger, incluir y transformar.
Las cifras que se muestran representan una vida, una historia, una esperanza, el estado mexicano tiene todas las herramientas legales, políticas y éticas para construir una política migratoria basada en la dignidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos porque migrar no es un delito es un derecho, y como sociedad no podemos cerrar los ojos ni construir muros, la migración no es el problema, la injusticia, el racismo, la indiferencia y la exclusión lo son.
El evento migratorio en Honduras, Nicaragua, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití y Venezuela no es solo una ocurrencia solitaria o un viaje de un turista. Por el contrario, es una declaración profunda de la injusticia que tradicionalmente ha moldeado a estos países, el movimiento en esta área está impulsado por el deseo de la gente de encontrar nuevas oportunidades, pero con frecuencia es imprescindible debido a la pobreza, la agresión, la deshonestidad, el fracaso del gobierno o la ausencia de opiniones de vida preferidas. En esta situación, migrar ha servido como una válvula de liberación, pero también como un método de oposición, una táctica para soportar, reconstruir identidades y buscar respeto.
Las causas que motivan la migración son diversas y complejas: en Haití, los desastres naturales y la inestabilidad política han llevado a miles de personas a la partida, en Venezuela, el colapso económico y la crisis humanitaria han forzado una de las mayores movilizaciones de población en América Latina, Cuba enfrenta décadas de bloqueo económico y restricciones de libertad que impulsan a muchos a migrar y México y América Central, particularmente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, arrastran las desigualdades sociales históricas, la violencia estructural, la falta de empleo, los desplazamientos forzados por el crimen organizado y una institucionalidad debilitada. Desafortunadamente, los países de viajes y llegadas a menudo indiferentes o abiertamente agresivos generalmente responden con políticas de contención, militarización fronteriza y discursos que criminalizan el desplazamiento humano.
Los países que acogen o frenan a estas personas prefieren levantar muros, llenar las fronteras de militares o tratar como delincuentes a los que escapan. Esta actitud, aparte de quitarles humanidad a los migrantes, ignora las razones profundas que los obligan a irse de sus tierras, les resulta más fácil apuntar con el dedo al que llega, en vez de indagar por qué tuvo que marcharse. Así pues, es crucial dejar atrás las ideas antiguas que ven la migración como un peligro o un asunto de seguridad del país, se necesita una perspectiva más seria, reflexiva y comprensiva, aceptar el derecho a migrar, claro, pero también el derecho a no hacerlo, o sea, a permanecer en el propio hogar sin temor, con opciones reales y equidad. Para que esto sea posible, hacen falta cambios de fondo, economías más equitativas, estados más autónomos, políticas del gobierno que prioricen una vida digna, y una colaboración regional basada en la ayuda mutua y no en el control.
REFERENCIAS:
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CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/12153-la-economia-cuba ○ Cuba y Economía. (2018, febrero 10). La Cuba próspera de los años 50. https://cubayeconomia.blogspot.com/2018/02/la-cuba-prospera-de-los-ano s-50.html
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